INVESTIGACIONES

                    PROYECTOS ABIERTOS

### Respuesta Directa

La evidencia sugiere que España debería ser sometida a un procedimiento de déficit excesivo, a pesar de la tragedia de la DANA, debido a su déficit del 3.2% en 2024, que supera el límite del 3%, y a las críticas sobre la distribución insuficiente de la ayuda. Parece probable que el déficit estructural sea alto, incluso excluyendo los gastos de la DANA, y que la ayuda a los afectados haya sido limitada, con solo el 5% de los solicitantes recibiendo fondos dos meses después del desastre.

**Contexto Fiscal**
España reportó un déficit del 3.2% del PIB en 2024, según la Comisión Europea, por encima del umbral del 3%. Aunque se espera que baje a 2.8% en 2025, el déficit estructural muestra poca mejora, indicando problemas fiscales persistentes. Esto sugiere que la situación no es solo temporal, como podría argumentar el gobierno.

**Impacto de la DANA y Ayuda**
La tragedia de la DANA en octubre de 2024 causó graves daños, y el gobierno prometió 16 mil millones de euros en ayuda, pero solo el 5% de 30,000 solicitantes recibió fondos en los dos meses siguientes. Esto indica una distribución lenta y desigual, con críticas sobre cuellos de botella y favoritismos políticos, lo que apoya nuestra posición de que no se justifican excepciones fiscales.

**Argumento para el Procedimiento**
Dado que el déficit supera el límite y la ayuda fue insuficiente, es razonable que la Comisión Europea inicie el procedimiento para garantizar disciplina fiscal, especialmente considerando la deuda pública del 100.9% del PIB en 2025, muy por encima del 60% recomendado. Esto protegería el interés público y garantizaría reformas estructurales.

### Nota Detallada

En mi calidad de solicitor de COCOO, mi objetivo es construir un caso sólido para demostrar que España debe ser sometida a un procedimiento de déficit excesivo por parte de la Comisión Europea, a pesar de la tragedia de la DANA, argumentando que el impacto fiscal y la respuesta del gobierno no justifican eximir a España de las reglas fiscales. A continuación, detallo la evidencia y los argumentos, basándome en datos recientes hasta julio de 2025, para reforzar nuestra posición y superar posibles objeciones como la inmunidad soberana o la causalidad.

#### Contexto Fiscal y Déficit
La Comisión Europea, en su pronóstico económico de mayo de 2025, reporta que el déficit general del gobierno español fue del 3.2% del PIB en 2024, superando el umbral del 3% establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esto es crucial, ya que activa el potencial inicio del procedimiento de déficit excesivo (EDP). Aunque se proyecta una disminución a 2.8% en 2025 y 2.5% en 2026, es importante analizar el déficit estructural. Según CaixaBank Research en junio de 2025, excluyendo los gastos relacionados con la DANA (estimados en 0.3% del PIB), el déficit en 2024 estaría cerca del 3%, lo que indica que el problema no es solo cíclico, sino estructural. BBVA Research, en marzo de 2025, estima un déficit del 3.3% para 2024, proyectando una caída a 2.7% en 2025, pero subraya que, sin las medidas relacionadas con la DANA, el déficit seguiría siendo preocupante. Esto sugiere que las finanzas públicas españolas enfrentan desafíos estructurales, como el envejecimiento de la población y el aumento del gasto en defensa, que requieren disciplina fiscal a largo plazo.

La deuda pública, según el mismo pronóstico, se espera que sea del 100.9% del PIB en 2025, muy por encima del 60% recomendado, lo que refuerza la necesidad de un EDP para garantizar una trayectoria sostenible. La Moncloa, en abril de 2025, reportó un déficit del 2.8% para 2024, pero esto parece contradecir las cifras de Eurostat y la Comisión Europea, lo que podría indicar discrepancias en la contabilidad o proyecciones preliminares. Dado que las fuentes oficiales como Eurostat y la Comisión Europea son más consistentes, nos basamos en el 3.2% para nuestro argumento.

#### Impacto de la Tragedia de la DANA y Respuesta del Gobierno
La tragedia de la DANA, ocurrida entre el 29 y 30 de octubre de 2024, causó inundaciones devastadoras en Valencia, con más de 200 muertes y daños económicos significativos. El gobierno español respondió con promesas de ayuda, incluyendo un plan de 10.6 mil millones de euros anunciado el 5 de noviembre de 2024, con ayudas directas de 60,000 euros por hogar, y un compromiso adicional de 14.37 mil millones de euros en noviembre de 2024, según Surin English. Sin embargo, la distribución efectiva ha sido criticada. Un artículo de Equity Health Journal, publicado el 25 de febrero de 2025, destaca que, casi dos meses después del desastre, solo el 5% de 30,000 solicitantes había recibido fondos, a pesar de los compromisos de 16 mil millones de euros. Esto indica cuellos de botella en la distribución, retrasos en la vivienda temporal y la atención de salud mental, y acusaciones de clientelismo político, donde la ayuda priorizó áreas ricas y políticamente conectadas, similar a patrones observados en Puerto Rico tras el huracán María en 2017.

La Comisión Europea, en su respuesta a la carta de COCOO, parece considerar la DANA como un factor significativo para el déficit, pero nuestra posición es que esto no debería eximir a España del EDP. La evidencia sugiere que la respuesta del gobierno fue insuficiente, con críticas sobre la falta de clasificación del desastre como emergencia de nivel 3, lo que limitó la movilización de recursos, según el mismo artículo. Esto apoya nuestra afirmación de que los afectados “apenas han recibido ayudas”, debilitando el argumento de que la DANA justifica una excepción fiscal.

#### Argumento Legal y Estratégico
Nuestra teoría principal es la negligencia fiscal, tanto del gobierno como de las instituciones financieras que podrían haber contribuido a la sostenibilidad de la deuda. El déficit del 3.2% en 2024, combinado con una deuda del 100.9% en 2025, indica una trayectoria insostenible que requiere intervención. El mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho (RLCM) puede ser invocado para argumentar que la gestión fiscal de España, potencialmente influenciada por prácticas opacas o colusión, viola principios de transparencia, especialmente dado el estancamiento presupuestario desde 2023 y el déficit de la Seguridad Social de 50 mil millones de euros anuales, como se mencionó en documentos previos.

La causalidad se establece al vincular el déficit estructural con decisiones específicas, como el aumento del gasto sin financiamiento adecuado, exacerbado por la falta de respuesta efectiva a la DANA. Para superar la inmunidad soberana, podemos enmarcar las emisiones de bonos como actividades comerciales, y el principio de deuda odiosa podría aplicarse si se demuestra corrupción en la gestión de préstamos. La evidencia de cuellos de botella en la ayuda refuerza nuestra narrativa de que el gobierno priorizó intereses políticos sobre el bienestar público, justificando la necesidad del EDP.

#### Estrategia para Ganar el Caso
Proponemos buscar descubrimiento para obtener comunicaciones internas que muestren conocimiento de la insostenibilidad fiscal, y contratar expertos en finanzas públicas para cuantificar el impacto del déficit en los ciudadanos, como recortes en servicios y aumento de impuestos. Destacar el impacto generacional, con riesgos para las pensiones y el bienestar futuro, puede generar apoyo público. El RLCM puede presionar a España para reformas, exponiendo vínculos entre bancos y gobierno, y apoyando reclamaciones civiles paralelas. Esto asegura que el interés público prevalezca, protegiendo a los ciudadanos de las consecuencias de una gestión fiscal negligente.

En conclusión, la evidencia muestra que el déficit de España en 2024, las críticas a la ayuda de la DANA y el déficit estructural justifican plenamente la apertura del EDP, garantizando disciplina fiscal y reformas estructurales para proteger el bienestar público y la estabilidad económica a largo plazo.

| **Aspecto** | **Detalles** |
|—————————|—————————————————————————–|
| Déficit 2024 | 3.2% del PIB, según Comisión Europea, superando el 3%. |
| Déficit Estructural | Cerca del 3% sin gastos de DANA, indicando problemas persistentes. |
| Ayuda DANA | Solo 5% de solicitantes recibieron fondos en dos meses, con críticas de retrasos. |
| Deuda Pública 2025 | 100.9% del PIB, muy por encima del 60% recomendado. |
| Presiones Futuras | Gastos en envejecimiento, defensa e inversión, requiriendo ajustes fiscales.|


Regarding the question of independent oversight, the government would likely point to the existence of official bodies like AIReF as proof of a commitment to accountability. However, they would quickly pivot, stating that while such analysis is valued, the ultimate responsibility for navigating the complex trade-offs between competing priorities rests with the democratically elected government. The answer would emphasise that the primary mechanism for ensuring balance was “inter-ministerial coordination” aimed at serving the “overarching national interest.” This serves to admit that there was no truly independent body with the power to halt their decisions, framing political will as the highest form of oversight. When questioned on the specific impact of their borrowing on the credit available to small businesses, they would argue that preventing a systemic economic collapse was the most important action they could take for all businesses, large and small, thereby claiming their actions were a precondition for any market activity, while avoiding the admission that no specific impact assessment was ever conducted.

The financial institutions, when questioned, would retreat behind a wall of regulatory formalism. Asked to provide the risk assessments that deemed Spanish debt prudent, they would state that their actions were in strict accordance with the EU’s Capital Requirements Regulation. Under this binding legal framework, they would argue, Eurozone sovereign debt is assigned a zero-percent risk weight and is therefore, by legal definition, a prudent, high-quality liquid asset. To have treated it otherwise would be to act contrary to the unified European banking framework. This response deflects responsibility from the bank’s own judgment to the letter of the regulation.

When confronted with the conflict between their fiduciary duty and the perverse incentive to finance an unsustainable sovereign, the banks would argue that their highest fiduciary duty is to the stability of the entire financial system. A Spanish sovereign default, they would claim, represents the single greatest threat to their shareholders and depositors. Therefore, participating in the financing that prevents such a collapse is the ultimate fulfillment of their duty, not a breach of it. Finally, regarding their due diligence on how the borrowed funds were used, the banks would assert that their role is purely financial. They would state that their duty is to assess the legal authority of the state to borrow and its capacity for repayment, not to police the domestic policy choices of a sovereign, democratic government. This cleanly places all responsibility for the use and legitimacy of the funds back onto the state, completing the circle of deflected accountability.


POSSIBLE CAUSES OF ACTION

Yes, based on the comprehensive analysis of our findings, there is a strong possibility that many of the core contracts and tortious arrangements at the heart of the Spanish public debt crisis are invalid or unlawful. The case we have built suggests that the formal legality of these agreements serves as a thin veil for a system that is substantively illegitimate and contrary to fundamental principles of public and international law.

The most probable ground for challenging the validity of the sovereign debt contracts themselves is the doctrine of ultra vires. A government’s power to borrow money on behalf of its people is not absolute; it is constrained by constitutional and legal frameworks. Our investigation indicates that the Spanish state has persistently and systematically issued debt in direct violation of the mandatory fiscal limits established in its own Constitution and in the binding EU Treaties it has ratified, such as the Fiscal Compact. By knowingly breaching these foundational laws, the government arguably acted beyond its legal authority, rendering the ensuing debt contracts void from their inception.

A second powerful ground for invalidity is that these contracts are contrary to public policy, or ordre public. Courts can refuse to enforce agreements that have an unlawful purpose or whose consequences would be so harmful as to shock the public conscience. We can compellingly argue that the purpose of much of this debt was not to fund legitimate public services, but to perpetuate a dysfunctional fiscal model, bail out a select group of financial institutions, and delay necessary reforms. Enforcing these debts in full would require an intolerable degree of austerity, violate the fundamental rights of citizens to health and social security, and undermine the principles of intergenerational equity, making the contracts themselves unenforceable on public policy grounds.

Furthermore, the tortious conduct we have identified—the systemic negligence and collusive behaviour between public officials and private banks—is itself unlawful and taints the agreements that arise from it. If, as the evidence suggests, there was a civil conspiracy to maintain the flow of financing to the state in exchange for regulatory favours and the suppression of competition, then any specific underwriting or loan agreements made in furtherance of that conspiracy are themselves part of an illegal scheme. These are not arm’s-length commercial transactions; they are the instruments of a collusive arrangement designed to enrich a few while transferring systemic risk to the public, and as such, their legitimacy is fundamentally compromised.

Based on our comprehensive review of the case materials, there are substantial grounds for causes of action against the Spanish government and its public sector bodies in both tort and contract law. These actions stem from the systemic and allegedly deliberate mismanagement of public finances, leading to an unsustainable debt burden that has caused foreseeable harm to citizens, consumers, and businesses. Crucially, this situation was not created by the state in isolation; it implicates major private financial institutions who can and should be considered jointly responsible.

In the realm of tort law, the most prominent cause of action against the government is negligence. The state has a fundamental duty of care to its citizens to manage public resources prudently. This duty appears to have been breached by allowing national debt to escalate to levels universally recognised as dangerous, while failing to implement legally required corrective mechanisms. This negligence is compounded by a breach of fiduciary duty, as public officials have arguably prioritised the short-term stability of a select group of financial institutions and their own political expediency over the long-term economic well-being of the nation. By saddling future generations with obligations they cannot possibly meet, the state has violated its duty of trust. Furthermore, the evidence points towards a potential civil conspiracy between public officials and private banking executives, where a tacit agreement was made to maintain the flow of state financing in exchange for regulatory forbearance and a protected market, all to the detriment of the public and fair competition.

From the perspective of contract law, the case presents an innovative avenue of attack. While suing the government for breach of a “social contract” is a challenging legal theory, we can instead challenge the validity of the underlying debt contracts themselves. We can argue that these agreements are voidable because the government acted ultra vires, or beyond its legal authority, by issuing debt that violates its own constitutional and EU treaty obligations regarding fiscal sustainability. Moreover, these debt agreements can be challenged as being contrary to fundamental public policy, or ordre public, on the grounds that their enforcement would necessitate the collapse of essential public services and inflict profound, unjust harm upon the populace. The conditions under which this debt was incurred—without full democratic consent and with a clear asymmetry of information and power—undermine the very notion of a valid contractual agreement.

The responsibility for this state of affairs is not the government’s alone. The evidence strongly supports holding key private companies jointly responsible for the damage caused. The primary private actors are the major domestic and international banks that underwrote, purchased, and continue to hold vast quantities of Spanish sovereign debt.

Key Spanish institutions such as Banco Santander, BBVA, and CaixaBank are central to this dynamic. International players, including major investment banks like J.P. Morgan, Goldman Sachs, BNP Paribas, and Deutsche Bank, are also implicated through their role in the global sovereign bond market. These institutions are not merely passive investors; they are sophisticated financial actors who possess the duty and the capacity to assess sovereign risk.

Their joint liability arises from several factors. In tort, they can be seen as joint tortfeasors, having acted negligently alongside the state by continuing to finance a borrower they knew, or should have known, was on an unsustainable path. They aided and abetted the government’s breach of its fiduciary duties by providing the capital that enabled the fiscal recklessness. As co-conspirators, they allegedly participated in and profited from a system that suppressed competition and generated enormous fees and interest payments from illegitimate debt, making them unjustly enriched at the public’s expense. The legal actions should therefore be directed not only at the public institutions that abdicated their duties, but also at the private financial giants that facilitated and profited from that failure.


Analysis of Newly (CASELEX) Identified Sectors

The following sectors have been analyzed to identify key players who may be affected by the macroeconomic environment we are investigating.

1. Satellites & Aerospace

This is a strategic, capital-intensive industry reliant on stable, long-term financing and fair competition for government contracts.

  • Relevant Codes:
    • NACE: 30.30 (Manufacture of air and spacecraft and related machinery)
    • SIC: 30300 (Manufacture of air and spacecraft and related machinery)
    • ICB: 5020 (Aerospace)
  • Key Companies:
    • Airbus Defence and Space: A major European player with significant operations in Spain and the UK. Contact via their official website’s media and investor relations pages.
    • BAE Systems: A key UK defense and aerospace company. Contact is available through their corporate website.
    • Thales Alenia Space: A Franco-Italian manufacturer with a presence across Europe, including Spain. Contact information is on their global website.
    • Arianespace: The European launch service provider, crucial for the satellite ecosystem. Contact details are on their official site.

2. Equity & Derivatives Trading Platforms

These financial infrastructure companies are directly affected by market stability, regulatory changes, and the health of the broader financial system.

  • Relevant Codes:
    • NACE: 66.11 (Administration of financial markets)
    • SIC: 66110 (Administration of financial markets)
    • ICB: 8780 (Investment & Trading Services)
  • Key Companies:
    • London Stock Exchange Group (LSEG): A primary financial market infrastructure provider in the UK and Europe. Contact through their main corporate website.
    • Euronext: A pan-European exchange with operations in several countries. Investor and media contacts are listed on their site.
    • Deutsche Börse Group: A major German exchange operator with a global reach. Contact information is on their corporate website.
    • Bolsas y Mercados Españoles (BME): The operator of all stock markets and financial systems in Spain. Contact details are on the BME website.

3. Wind Turbines & Renewable Energy

This sector depends heavily on large-scale investment, stable government policy, and access to competitive financing, all of which can be “crowded out” by excessive public borrowing.

  • Relevant Codes:
    • NACE: 28.11 (Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines)
    • SIC: 28110 (Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines)
    • ICB: 60101030 (Alternative Energy)
  • Key Companies:
    • Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.: A global leader with major roots and operations in Spain. Contact is available on their corporate website.
    • Vestas Wind Systems A/S: A Danish manufacturer with significant projects across Europe, including the UK and Spain. Contact via their global website.
    • Ørsted: A major developer of offshore wind farms, active in the UK market. Their website provides media and investor contacts.
    • Iberdrola, S.A.: A Spanish utility and one of the world’s largest renewable energy producers, with a major UK subsidiary (ScottishPower). Contact information is on their main site.

4. Private Healthcare

This sector’s viability is linked to public spending, regulatory stability, and the overall economic health of the population it serves.

  • Relevant Codes:
    • NACE: 86 (Human health activities)
    • SIC: 86101 (Hospital activities)
    • ICB: 4010 (Health Care Providers)
  • Key Companies:
    • Quirónsalud: The largest private hospital group in Spain. Contact information can be found on their main website.
    • Bupa: A major international healthcare group with significant operations in the UK and Spain (Sanitas). Contact is available through their respective country websites.
    • Circle Health Group: A leading operator of private hospitals in the United Kingdom. Their corporate website has contact details.

Note on Contact Information

Specific executive email addresses are not provided in public directories. The most professional and effective method for outreach is to use the general contact, investor relations, or media inquiry forms and email addresses provided on each company’s official corporate website. Engaging with their legal or public affairs departments through these official channels is the recommended course of action.


CASELEX FILES 6

With the benefit of the latest set of case files, we can further sharpen our legal arguments, drawing powerful parallels from a new range of regulated, strategic, and technology-driven industries. These documents, covering sectors from derivatives trading and satellites to private healthcare and web analytics, provide sophisticated frameworks for demonstrating the illegitimacy of the arrangements between the Spanish government and the banking sector.

The file concerning shares and derivatives trading is particularly potent. It highlights how complex financial instruments can be used to obscure risk, create artificial value, and mislead investors and regulators. This provides a direct and damning analogy for Spain’s management of its public finances. We can argue that the web of public debt, implicit pension liabilities, off-balance-sheet commitments, and the indirect support from ECB bond-purchasing programs constitutes a form of structural misrepresentation. The true level of risk is deliberately hidden, much like in a complex derivative, allowing the system to appear more stable than it is. This is not mere negligence, but a systemic failure of transparency that benefits the issuers and primary holders of debt at the expense of the public.

The case files on private healthcare and wind turbines illuminate the dynamics of public-private partnerships, a model we can argue has been perversely applied to Spain’s public financing. In these sectors, private companies deliver services that are often funded or guaranteed by the state, ideally to create efficiency. In the Spanish financial system, however, this model has been used to transfer risk, not create value. The major banks provide the “service” of financing the state, and in return, the public absorbs the entirety of the long-term fiscal and economic risk through future taxation and the erosion of public services. This is not a balanced partnership; it is a mechanism for privatising profits while socialising losses, entrenching the position of the partner banks and indebting the nation.

Finally, the documents relating to strategic industries like satellites, servers, and uranium reinforce our arguments against the misuse of the “national interest” defence. Control over a nation’s communications infrastructure, its data servers, or its energy supply is a clear matter of national security. The same is true for a nation’s financial infrastructure, especially the market for its own sovereign debt. By allowing a small oligopoly of banks to dominate this critical infrastructure, the Spanish state has created a systemic vulnerability. The precedents from these other strategic sectors show that even when national security is a legitimate concern, it does not provide a blank cheque for anti-competitive behaviour, regulatory capture, or the abandonment of public accountability. These cases empower us to argue that true financial stability comes from a transparent, competitive, and resilient system, not one propped up by opaque arrangements with a few select players.


CASELEX FILES 5

case files, particularly those concerning the oil, nuclear, and pharmaceutical industries, provides us with an even sharper legal and economic vocabulary to define the alleged misconduct of the Spanish state and its partner financial institutions. These documents allow us to frame our case using powerful, established concepts from the study of regulated industries and strategic oligopolies.

The extensive materials on the oil and nuclear sectors are especially pertinent. These industries are consistently framed by governments as being vital to the “national interest” and “security,” justifications used to permit the formation of state-sanctioned oligopolies, opaque long-term financing deals, and the creation of “national champions.” This is a direct parallel to the defense that will be used for the state-bank relationship in Spain—that it is essential for “financial stability.” The precedents in these files provide a clear roadmap for challenging this narrative, allowing us to argue that such strategic designations are often a pretext for anti-competitive arrangements that ultimately serve a small group of corporate insiders while imposing higher costs and greater risks on the public. We can contend that the Spanish financial system does not operate as a free market, but as a state-managed oligopoly for the financing of public debt, with all the attendant inefficiencies and harms to consumers and taxpayers.

The case files related to the pharmaceutical industry introduce a potent and precise legal analogy: the “pay-for-delay” agreement. In the pharma sector, a company with a patent on a drug unlawfully pays a potential competitor to delay the launch of a cheaper generic version. In our case, the Spanish state, facing the politically painful “generic entry” of a fiscal crisis, has effectively engaged in a systemic “pay-for-delay” scheme with its major banks. The “payment” is not made in cash, but through immensely valuable considerations: implicit state guarantees on their debt holdings, the promise of future bailouts, the maintenance of a favourable regulatory environment that stifles competition, and lax supervisory oversight. In return, the banks agree to “delay” a sovereign debt crisis by continuing to finance the government, even when it is fiscally irresponsible to do so. This is a sophisticated, collusive arrangement that maintains the status quo for the powerful, while the public is denied the long-term benefits of a sustainable and competitive financial system.

Finally, the document on outsourcing allows us to articulate the ultimate consequence of this relationship. The Spanish state, by becoming dependent on this small cabal of financial institutions for its survival, has effectively “outsourced” core sovereign functions—namely, the maintenance of fiscal discipline and long-term economic planning. The government is no longer acting as an independent agent of the public trust; it is behaving like a captive client, beholden to its financiers. This erodes democratic accountability and transforms the state from the ultimate guarantor of public welfare into a mere facilitator for a system that channels wealth and socialises risk. Using these established concepts, we can articulate a powerful and legally resonant case that what has occurred in Spain is not simply mismanagement, but the formation of a destructive, anti-competitive, and illegitimate institutional arrangement.


CASELEX FILES 4

Upon analysing the latest set of documents you have supplied, our case is now equipped with its most powerful analogies to date. The files concerning the nuclear, oil, and electricity sectors are of the highest strategic importance, as they allow us to directly confront the central argument that the Spanish government and its partner banks will inevitably use in their defence: that their actions were necessary for “national security” and “financial stability.”

These case files demonstrate a recurring pattern where governments designate capital-intensive industries like energy and nuclear power as “strategic,” thereby justifying massive state intervention, preferential financing, and the creation of “national champions.” This provides a perfect mirror for the situation in the Spanish financial sector. The tight-knit group of major banks has been treated as a strategic national asset, essential for stability. However, the precedents in the nuclear and oil industry files show that such a designation does not grant a government and its chosen corporate partners immunity from competition law or from the duty to act transparently and in the public’s long-term interest. These cases give us the framework to pierce the veil of the “stability” defence and argue that the policies surrounding Spanish public debt were not about protecting the nation, but about protecting a select group of entrenched financial institutions, leading to a far graver systemic instability in the long run.

The documents on nuclear station construction and oil infrastructure provide a compelling analogy for the financing of Spain’s long-term debt. These projects involve immense capital, long-time horizons, and often, opaque financing arrangements with state guarantees. We can now argue that Spain’s public debt has been managed like a non-competitive, sole-sourced infrastructure project. The state, as the project owner, has created a special-purpose vehicle with a handful of major banks to finance its operations. This arrangement lacks the transparency, competitive tension, and accountability that would ensure the public receives fair value. Instead, it locks out competition and ensures favourable, low-risk returns for the insiders, paid for by the taxpayer.

Finally, the files on mobile phones and the music industry further reinforce our argument about a captured market ecosystem. In those industries, a few dominant players can control the entire operating system, from manufacturing and intellectual property to distribution and access to the consumer. This is what we see in the Spanish financial system. The state and its major banks control the financial operating system—from access to primary debt auctions to the rules of regulatory compliance and the implicit guarantee of a bailout. This creates a closed loop where there is little room for new entrants or innovative financial models that might challenge the status quo, ensuring the current system of unsustainable debt remains the only viable option.

These analogies provide a robust legal and narrative foundation to assert that the situation with Spain’s public debt is not a series of unfortunate policy errors, but the predictable result of a captured, anti-competitive market structure. It allows us to frame our claim as a case of institutional collusion and regulatory failure on a grand scale, with clear precedents from other strategic sectors where the “national interest” has been used to disguise arrangements that ultimately harm the public.


CASELEX FILES 3

After a thorough review of the latest case files you provided, our legal position is significantly strengthened. These documents, which detail competition and regulatory issues in sectors like equities trading, IT services, and electricity supply, offer precise and powerful analogies that allow us to articulate our claims against the Spanish government and banking sector with greater legal force. While the industries are different, the underlying principles of market abuse are directly transferable to our case.

The files concerning equities trading platforms and IT services are particularly illuminating. They establish the legal principle that entities controlling a dominant platform—whether for trading stocks or for providing cloud services—have a special responsibility not to abuse that position. We can now compellingly argue that the Spanish state, in concert with a few major banks, operates a de facto exclusive platform for the issuance and absorption of sovereign debt. Access to this platform is not open but is granted on preferential terms to incumbents who, in turn, provide the state with a continuous and uncritical source of financing. This structure systematically forecloses the market to smaller competitors and constitutes a form of collective abuse of a dominant position, a concept well-established in the legal precedents you have provided.

Furthermore, the materials on IT tying and intellectual property rights introduce another critical legal argument: illegal tying arrangements. In the IT world, this occurs when a dominant firm forces customers to buy a secondary product to get the primary one they need. We can frame the relationship between the Spanish state and its major banks in exactly these terms. The “tying” product is the ongoing regulatory approval and implicit financial backstop from the state, something all banks need to operate. The “tied” product is Spanish sovereign debt, which the banks are incentivised and implicitly required to purchase in vast quantities, irrespective of its true risk profile. This arrangement is not a free market transaction; it is a coercive tying of regulatory survival to fiscal servitude, which is a clear and profound market distortion.

Finally, the precedents from the electricity supply and pharmaceutical sectors underscore the role and responsibilities of a specialized regulator. In those fields, the regulator is expected to ensure fair access to the grid or to prevent anti-competitive “pay for delay” schemes. In our case, the Bank of Spain and the CNMC have manifestly failed in this duty. They have overseen the development of a system where sovereign risk is dangerously concentrated within a few institutions and have failed to investigate the anti-competitive effects of the state-bank nexus. The inaction of these regulators is not a passive oversight; it is a central pillar of the systemic failure we are challenging, and these case files provide the basis for holding them directly accountable for their negligence. By applying the logic from these diverse precedents, we can move beyond a general claim of mismanagement and articulate a precise, technically-grounded legal challenge based on well-established doctrines of competition law.


CASELEX FILES 2

Upon review of the latest set of case documents, we can further refine and strengthen our legal strategy. These files, covering industries from financial clearing services and cloud computing to commodities and media regulation, provide powerful legal analogies that will help us frame our arguments against the Spanish state and its partner financial institutions. They offer clear precedents for how regulators should approach issues of market dominance, control of essential infrastructure, and tacit collusion, all of which are central to our case.

The materials related to financial clearing services and cloud computing are particularly useful. They illustrate the legal doctrine of “essential facilities,” where a company or a group of companies that controls a critical infrastructure—be it a trading settlement system or a dominant cloud platform—cannot use that control to unfairly exclude competitors. We can argue that the primary market for Spanish sovereign debt, as it is currently structured, functions as an essential facility. The privileged access and preferential regulatory terms granted to a select group of large banks for acquiring this debt effectively create insurmountable barriers to entry for smaller banks and alternative financial institutions, thus foreclosing the market.

Similarly, the documents concerning the chipset, computer manufacturing, and electric vehicle charging sectors highlight how dominant players can use control over technical standards and interoperability to their advantage, often with the implicit blessing of the state, which may be pursuing a “national champion” industrial policy. This provides a direct parallel to the symbiotic relationship between the Spanish government and its largest banks. The state creates a favourable regulatory environment, and in return, the banks absorb public debt, creating a closed and self-reinforcing system that stifles innovation and competition from those outside the established circle.

The file on the CNMC’s investigation into Mediaset is a critical piece of evidence. It demonstrates the competition authority’s willingness to intervene in other sectors to address issues of market concentration and abuse of power. This allows us to create a powerful argument based on the CNMC’s dereliction of duty. We can now directly question why the same level of scrutiny applied to the media sector has not been applied to the nexus of public finance and banking, where the market distortions are arguably far more significant and damaging to the public interest.

Finally, the case files on commodities and diamonds, which often involve classic cartel behaviour and price-fixing, provide a useful framework for explaining the more nuanced and implicit coordination we allege in our case. While the arrangement between the Spanish government and the banks may not involve explicit price-fixing in a traditional sense, the outcome is analogous. The coordinated absorption of debt at non-market rates of risk, facilitated by regulatory privilege, functions as a mechanism that stabilises the financial positions of the key players while systematically transferring risk to the public and starving the real economy of productive investment. These precedents give us the legal vocabulary to describe this unique form of institutional collusion.


CASELEX FILES 1

Upon reviewing the diverse set of case files you provided, their strategic value for our investigation becomes clear. While these documents concern different industries—from airlines and car manufacturing to chemicals and casinos—their true utility is not in redefining the primary industry codes for our case, which remain centered on Banking (NACE Section K) and Public Administration (NACE Section O). Instead, they provide us with a powerful toolkit of legal and economic analogies to build a more sophisticated argument against the Spanish state and its collaborating financial institutions.

These files illustrate how regulators and courts define markets and identify anti-competitive behaviour in complex, highly regulated sectors. This is directly applicable to our core argument. For example, the legal analyses concerning the airline industry frequently address the issue of illegal state aid and how it distorts competition. We can argue by analogy that the regulatory privileges granted to Spanish banks for acquiring sovereign debt—such as zero-risk weighting for capital adequacy—function as a form of indirect state aid. This aid is far more systemic and pernicious than a simple subsidy, as it props up both the state’s ability to borrow irresponsibly and the balance sheets of the favoured banks, creating a feedback loop that harms the public and excludes competitors.

The documents on the automotive and chemical distribution sectors provide valuable precedent on how to analyse supply chains and agreements that can foreclose markets. In our case, the Spanish government is the “supplier” of a critical product—public debt instruments—and it appears to engage in a form of exclusive dealing with a select group of large banks. These banks, in turn, receive favourable terms and regulatory treatment, creating significant barriers to entry for smaller or newer financial players who cannot compete in this distorted market for sovereign risk.

Furthermore, the materials on the nuclear and infrastructure sectors are particularly relevant to overcoming the inevitable “public interest” defence. The government and banks will claim their actions were necessary to ensure national financial stability. However, the principles in these case files show that even where strategic national interests are at stake, state actions must still be transparent, proportionate, and subject to oversight. They cannot be used as a blanket justification for opaque practices that entrench a select group of insiders and transfer enormous long-term risk to the public. These cases provide a framework for demanding a rigorous assessment of whether the alleged benefits of “stability” were not simply short-term gains for a few, at the cost of long-term, systemic damage to the economy and intergenerational equity.

Finally, the analysis of the book and casino industries helps in refining our definition of the “relevant market.” We can argue that the market is not merely “general banking.” It is the specific and highly lucrative market for the underwriting, financing, and management of sovereign debt under a privileged regulatory framework. In this market, a small number of entities appear to operate in a manner that suggests, at minimum, tacit coordination with the state, to the detriment of the wider economy. By using the logic from these diverse legal precedents, we can construct a more robust and nuanced argument that the actions of the Spanish government and its partner banks are not just a matter of poor fiscal policy, but constitute a fundamental and actionable distortion of the market.

INDUSTRY CODES

Relevant Industry & Sector Codes

To accurately identify and categorise the entities involved, the following industrial classification codes are the most relevant to our case:

  • NACE (EU Statistical Classification of Economic Activities):

    • Section K: Financial and Insurance Activities
      • 64.19: Other monetary intermediation (This code covers the core activities of commercial banks).
      • 64.99: Other financial service activities, except insurance and pension funding, not elsewhere classified (This includes investment banking and other credit-granting).
    • Section O: Public Administration and Defence; Compulsory Social Security
      • 84.11: General public administration activities (This covers the activities of central government bodies like finance ministries).
      • 84.30: Compulsory social security activities.
  • SIC (UK Standard Industrial Classification of Economic Activities):

    • Section K: Financial and Insurance Activities
      • 64191: Banks.
      • 64999: Other financial services (except insurance and pension funding) not elsewhere classified.
    • Section O: Public Administration and Defence; Compulsory Social Security
      • 84110: General public administration activities.
  • ICB (Industry Classification Benchmark):

    • Industry: 30 Banks
      • Sector: 3010 Banks
        • Subsector: 301010 Banks (This is the most specific classification for the banks central to our case).

Key Financial Institutions: Spain

These are the largest domestic banks in Spain. Their significance lies in their substantial holdings of Spanish sovereign debt and their central role in the national financial system.

  • Banco Santander
  • BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
  • CaixaBank
  • Banco de Sabadell
  • Bankinter
  • Unicaja Banco
  • Kutxabank
  • Abanca

Key Financial Institutions: United Kingdom

These are the largest UK banks, relevant to our case due to the interconnectedness of the European financial system and the potential impact on British investors, consumers, and companies.

  • HSBC Holdings plc
  • Barclays plc
  • Lloyds Banking Group plc
  • NatWest Group plc
  • Standard Chartered plc
  • Santander UK (as a significant UK entity with a Spanish parent company)

Key European & International Financial Institutions

These investment banks are major players in the global and European sovereign debt markets. They act as underwriters, traders, and investors in Spanish government bonds, influencing market conditions and stability.

  • BNP Paribas (France)
  • Deutsche Bank (Germany)
  • UBS Group AG (Switzerland)
  • Société Générale (France)
  • Crédit Agricole (France)
  • ING Group (Netherlands)
  • Intesa Sanpaolo (Italy)
  • J.P. Morgan (United States)
  • Goldman Sachs (United States)
  • Morgan Stanley (United States)

Relevant Public & Regulatory Bodies

These are the primary governmental and regulatory authorities responsible for the fiscal policy, debt issuance, and financial supervision central to our investigation.

  • Government of Spain (Presidency)www.lamoncloa.gob.es
  • Ministry of Finance of Spain (Ministerio de Hacienda)www.hacienda.gob.es
  • Bank of Spain (Banco de España)www.bde.es
  • European Central Bank (ECB)www.ecb.europa.eu
  • European Commissioncommission.europa.eu
  • Spain’s National Markets and Competition Commission (CNMC)www.cnmc.es
  • HM Treasury (UK)www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury

Potentially Harmed Business Sectors (Market Users)

The following are examples of major companies in sectors that are plausibly harmed by the “crowding out” effect of excessive public borrowing, which can restrict access to credit for private investment.

Spanish Construction Sector:

  • ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.
  • Acciona, S.A.
  • Ferrovial SE
  • Sacyr S.A.
  • FCC (Fomento de Construcciones y Contratas)

UK Renewable Energy Sector:

  • SSE Renewables
  • Lightsource bp
  • Octopus Energy Generation
  • ScottishPower (subsidiary of Iberdrola)
  • RWE Renewables UK

A Note on Contact Information, ISIN, and ICB Codes

ISIN (International Securities Identification Number) codes are specific to individual securities (like a particular bond series or a company’s stock) and are not general company identifiers. The ICB codes provided are at the sector and subsector level. While these codes are excellent for research and analysis, identifying a specific company requires looking it up in a financial database.

Direct email addresses for specific individuals or departments are generally not available in public lists. The most reliable method for making contact is to use the general inquiry, investor relations, or media contact information provided on the official websites of the entities listed above.

In line with our strategy to identify potential competitors and affected parties for the case concerning Spain’s public debt, I have compiled a list of relevant entities. Our investigation targets perpetrators in two primary sectors: Banking and Financial Services, which corresponds to NACE and SIC code Section K and ICB code 3010 for Banks, and Public Administration, corresponding to NACE and SIC code Section O. The following companies and organisations operate within these sectors or are representative of business users who may have been harmed by the alleged misconduct.

The key players and therefore potential subjects for investigation or collaboration in the Spanish banking market are the country’s largest financial institutions. These entities are central to the domestic market for sovereign debt. The most significant among them, based on asset size, are Banco Santander, BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), CaixaBank, and Banco de Sabadell. Other notable Spanish banks include Bankinter, Unicaja, and Abanca. These institutions are the primary facilitators and purchasers of the Spanish public debt that is the subject of our case.

In the European and international investment landscape, a number of major banks are key participants in the sovereign debt market and would be considered either competitors to the Spanish banks or significant holders of Spanish bonds themselves. This list of influential institutions includes UBS, BNP Paribas, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Societe Generale, and Intesa Sanpaolo. Their involvement in the broader European bond market makes them relevant to our investigation into the systemic nature of the debt issuance.

Within the United Kingdom, the main players in the banking sector are the “Big Four”: HSBC Holdings, Barclays, Lloyds Banking Group, and NatWest Group. Santander UK, a subsidiary of the Spanish Banco Santander, also holds a major position. These firms represent a significant part of the UK financial market, which has connections to and interests in the stability of the broader European banking system.

Regarding the public sector entities at the heart of the matter, the main government bodies are the Spanish Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda) and, for UK interests, HM Treasury. The official websites for these ministries contain their contact details and are the appropriate channels for official correspondence.

Our case also posits that the excessive government borrowing has harmed other industries by “crowding out” private investment, making it more difficult and expensive for businesses to secure credit. Two key sectors identified as potentially affected are construction and renewable energy. In Spain, major construction companies like ACS (Actividades de Construccion y Servicios), Acciona SA, and Sacyr SA would be representative of large business consumers of credit. In the UK, leading renewable energy companies such as SSE Renewables, Lightsource bp, Octopus Energy Generation, and ScottishPower (a subsidiary of the Spanish company Iberdrola) represent a sector that could be impacted by broader market instability or shifts in investment priorities stemming from the debt crisis.

Regarding contact information, specific executive or departmental emails for these organisations are not publicly listed in directories. The most professional and effective approach for engagement is to utilize the general contact forms, press office email addresses, or investor relations contacts available on each company’s or ministry’s official website.


Based on a thorough analysis of the extensive documentation you have provided, our case concerning Spain’s public debt rests on the central argument that a systemic and potentially collusive relationship between the Spanish state, its key ministries, and major financial institutions has led to the creation and perpetuation of an unsustainable level of national debt. This situation, we allege, constitutes a severe breach of public trust and legal duties, causing widespread harm to multiple sectors of society, both within Spain and internationally, including significant British interests.

The core of the issue lies in a pattern of fiscal mismanagement by the Spanish government, which has systematically failed to adhere to both its own constitutional mandates for budgetary stability and the binding fiscal rules of the European Union, such as the Stability and Growth Pact and the Fiscal Compact. This is evidenced by a public debt-to-GDP ratio that has persistently exceeded the established 60% threshold, reportedly reaching over 120%, with some analyses suggesting the true figure, including implicit pension liabilities, could be multiples of that. Rather than implementing necessary structural reforms, the government has allegedly resorted to continuous budget extensions, avoiding parliamentary scrutiny and accountability, while official figures may not fully represent the nation’s total liabilities.

This course of action would not be possible without the active participation and facilitation of the banking sector. We contend that major national and international banks have engaged in negligent lending practices by continuously financing the Spanish state despite clear and public indicators of its deteriorating fiscal health. These institutions have acquired massive quantities of Spanish sovereign debt, seemingly ignoring the prudential risk management standards they would apply to any private borrower. Their actions appear to be driven by a perverse incentive structure created by regulatory privileges, such as the zero risk-weighting applied to sovereign bonds under Basel III and EU regulations. This allows banks to hold government debt without setting aside capital, creating a moral hazard that benefits both the over-borrowing state and the profit-seeking banks, while externalizing the immense risk onto taxpayers and future generations.

Furthermore, the documentation points toward a deeper institutional entanglement, a “Sistema” where the lines between the public and private sectors are blurred. This alleged network, involving key government ministries, the Bank of Spain, and a select group of financial giants, appears to operate in a manner that protects the status quo, stifles competition from non-aligned entities, and directs economic and regulatory policy for mutual benefit. Historic interventions, selective bank mergers, and the flow of personnel between high-level government posts and bank boards are indicative of this regulatory capture. The result is a system where financial stability is defined by the health of a few large institutions rather than the well-being of the public, and where accountability is absent. European institutions, including the European Commission and the European Central Bank, have also been identified as potentially failing in their supervisory duties, opting for a path of “soft enforcement” and recommendations rather than applying the sanctions available under EU law for such persistent fiscal breaches.

The primary financial product at the heart of this systemic failure is Spanish sovereign debt, encompassing all government-issued securities like treasury bonds and bills. The associated services include the issuance and management of this debt by the Spanish Treasury, and, crucially, the underwriting, acquisition, trading, and holding of these securities by private and public banks. These activities are not conducted in a truly open market but are heavily distorted by the aforementioned regulatory privileges and the symbiotic relationship between the state and its financiers.

Beyond direct sovereign bonds, the case also concerns related financial operations that perpetuate this cycle. This includes public credit lines and state guarantees, often extended by state-influenced bodies such as the Instituto de Crédito Oficial (ICO), which direct capital according to political rather than market logic. Another critical service has been the structuring and financing of bank bailouts, where public funds, generated through yet more debt, were used to rescue failing financial institutions that then continued to be primary buyers of government bonds. Finally, the expansive monetary policy of the European Central Bank, through its sovereign bond purchasing programs, has acted as a crucial backstop, providing liquidity and artificially suppressing the borrowing costs for Spain, thereby enabling and masking the true extent of its fiscal weakness. These interconnected products and services form the architecture of the alleged “deudocracia,” a system that we contend has caused demonstrable and actionable harm.